Autor: Riskov
En el año 1978, dentro de la transición política española que iba a conducirnos desde el nacional-catolicismo franquista hasta el actual sistema democrático, fue escrita la Constitución Española. En esa época la Iglesia Católica (ICAR) era la protagonista absoluta en las creencias de la población y, por supuesto, como institución se constituía en pilar de Estado.
La Constitución pretendía transitar desde esa España hasta la democracia. Veamos qué dice respecto de la religión:
Artículo 16.
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Por un lado la norma fundamental señala la aconfesionalidad del Estado pero, por otro lado, y debido al gran catolicismo español en esa época requiere "relaciones de cooperación con la Iglesia Católica". Son estas "relaciones de cooperación" el objeto de controversia, acuerdos con la Santa Sede incluidos.
Actualmente mucho ha cambiado la sociedad española, más aún en este tema. Las estadísticas elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ponen negro sobre blanco:
En el último barómetro del CIS publicado en el momento de escribir esta reflexión, del mes de mayo/2019, estos son los porcentajes de adscripción de acuerdo a como se siente cada ciudadano:
- Católicos: 68,6 %.
- Ateos y no creyentes: 27,7 %.
- Otras religiones: 2,9 %.
Es de reseñar que estos datos del mes de mayo son consistentes con los de meses anteriores y con una tendencia sostenida hacia la disminución del primer grupo a favor del segundo.
Es fácil deducir que muchos de esos que están en el 68,6 % son católicos culturales y/o por inercia; sucede más entre las personas mayores. Porque el mismo CIS deja bien claro que la mayoría de católicos no asiste a misa: el número de católicos que confesó no haber ido casi nunca a misa en el último año se ha situado en su máximo histórico, el 62,1 %. Por el contrario, el número de quienes aseguran ir cada domingo y festivo se sitúa en el 16,1 %. Mientras tanto, un 8,8 % va alguna vez al mes y un 11,5 %, varias veces al año.
Por tanto, si consideramos católico practicante al que acude al menos una vez al mes a misa, lo es solamente el 25 % de los católicos. Respecto al total de la población queda en un 17 %.
Otro indicador en descenso son las declaraciones de la renta que señalan la casilla a favor de la ICAR. Actualmente suponen un 33-34 % del conjunto de declaraciones, a pesar de que la misma publicidad machacona repite que no supone pagar más ni que nos devuelvan menos, sino que el Estado dedicará un 0,7 % a ese destino elegido por nosotros.
Por su parte, las bodas por la Iglesia caen por debajo del 20 %, con una tendencia claramente en descenso.
Todos estos indicadores van perfilando la actitud católica de la moderna sociedad española. Sin embargo, por inercia cultural y por el poder de la ICAR, el Estado continúa dedicando recursos a la iglesia como antaño. Veamos algunos datos:
En concepto de declaración de la renta se dedican algo más de 250 millones de euros al año. Con un agravante, que es la única iglesia propuesta en la declaración: o ICAR o nada. ¡En un país aconfesional!
Según Europa Laica y CCOO los profesores de religión cuestan más de 700 millones de euros al Estado. Se trata de profesores de religión católica, asignatura de obligada oferta por los centros y voluntaria por los alumnos (si no la escogen deben cursar otra alternativa más difícil), elegidos por los obispados y pagados por el Estado. Dos agravantes: se sabe, aunque no se reconoce oficialmente, que esos profesores deben "colaborar caritativamente" con el 6 % de su sueldo al obispado que lo ha elegido y que este puede rescindir el contrato cuando lo desee y, en caso de indemnización por despido improcedente, lo paga el Estado. De acuerdo a la última memoria disponible de la Conferencia Episcopal, en España hay 34.658 profesores de Religión católica.
Los datos que disponemos sobre subvenciones para restauración de patrimonio eclesiástico son de 31,5 millones € en 2018. Con un agravante: en muchos monumentos se exige pagar una entrada para visitar alguna parte de él, o su totalidad. Esta entrada la percibe la ICAR, mientras que gran parte del mantenimiento está a cargo del presupuesto público.
Además el Estado paga capellanes castrenses, de hospitales, etc.
Un 17 % de católicos practicantes no es coherente con el poder material (la ICAR es la mayor inmobiliaria del país) y el trato privilegiado que sigue recibiendo del Estado. Más pronto que tarde tendremos que ponernos al día; la ICAR supone una rémora para nuestra modernización. Asimismo, deben ser derogados los acuerdos con el Vaticano, de 1978. No tienen sentido en un país aconfesional con menos de un 20 % católicos practicantes; suponen una anomalía histórica.
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