Estimado señor. En AMAL llevamos unos años luchando para que la actividad religiosa sea ejercida en plena libertad por las personas, pero, y quizá por eso mismo, separada de los poderes e instituciones cívicos, sociales y políticos democráticamente elegidos.
El motivo de este escrito es fundamentalmente informar a usted de que en nuestro país el Gobierno está promulgando leyes que en nuestra opinión (y parece que también en la de algunos obispos e importantes personalidades y organizaciones españolas) perjudican gravemente algunos de los avances democráticos conseguidos desde la muerte del dictador Francisco Franco, al mismo tiempo que dañan la imagen de su trabajo en aras de una Iglesia Católica más cercana a las personas y crítica con los poderes económicos y fácticos.
